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La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno de Milei y confirmó la medida cautelar que exige la recomposición de salarios y becas en las universidades públicas, destacando que proteger la educación superior es un derecho constitucional.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal este martes desestimó la apelación del Gobierno nacional y ratificó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y la Recomposición del Salario Docente.
La resolución señala que la administración pública debe cumplir de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la vigencia completa de la norma en septiembre de 2025.
Además, la medida contempla la recomposición integral de los programas de becas estudiantiles.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron “poco serios” los argumentos del Gobierno, que sostenían que la cautelar implicaría una sentencia definitiva encubierta.
Asimismo, enfatizaron que la aplicación de la medida tiene un impacto fiscal limitado y no compromete de manera significativa el interés público. Por el contrario, destacaron que está en juego un derecho central consagrado en la Constitución: el acceso a la educación superior pública.
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